Resulta que "las eléctricas pueden cortar la luz a 55.000 entes públicos" que están recibiendo la energía sin ningún tipo de contrato. La explicación es, al mismo tiempo, sencilla y preocupante: en julio de 2009 deberían haber pasado a lo que el Gobierno llama "mercado liberalizado", pero no lo hicieron porque eso supondría pagar más por la luz.
Hay que aclarar que el sistema eléctrico español es un engendro regulado y subvencionado hasta la médula que dista mucho de ser un régimen de libre competencia, que acumula, además, un déficit de tarifa de miles de millonesde euros que ahora el Gobierno pretende financiar mediante la venta de títulos de deuda.
El artículo elaborado por Miguel Ángel Patiño asegura que "54.578 organismos públicos se encontrarán en situación de alegalidad a partir del 1 de enero en sus contratos de suministro eléctrico". La ley ampara a las eléctricas para que puedan cortarles unilateralmente la luz desde esa fecha.
"Muchas administraciones, desde ayuntamientos, mancomunidades y comunidades autónomas, debían haberse pasado al libre mercado. Pero, en lugar de predicar la liberalización eléctrica con el ejemplo, fueron demorando el proceso. De nada han servido las sucesivas prórrogas que se les fueron otorgando", añade el periódico de Unidad Editorial.
Y todo ello justo el mismo día que se conoce que España elevará las subvenciones a las energías renovables en 2011 -con casi 6.800 millones de euros que saldrán de los bolsillos de los sufridos contribuyentes- y seguirá protegiendo al carbón nacional al menos hasta 2018. Como señala en el Editorial el diario El Economista: "en la época de lo verde y sostenible no es oportuno subsidiar una energía más sucia y menos rentable".
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