Industria prepara la creación de un bono social para el gas natural

El Ministerio de Industria prepara la creación de un bono social para el gas natural. El departamento que dirige Miguel Sebastián está decidido a no eliminar las ayudas para las familias más desfavorecidas y ampliará el precio protegido que ahora se da a la electricidad a este tipo de energía.

El Gobierno introducirá en la regulación un nuevo concepto de "clientes vulnerables" que corresponderá, previsiblemente por nivel de renta, a quienes tengan derecho a estos precios más asequibles en un momento en el que los costes energéticos no dejan de subir.

A través de este término, el Ejecutivo pretende dotar de una mayor protección a los consumidores, al igual que ya ocurre en el sector eléctrico.

Por otro lado y ante la confusión que pueden llegar a plantear estos cambios, las administraciones competentes, en colaboración con la Comisión Nacional de la Energía, tienen previsto establecer puntos de contacto únicos para ofrecer a los consumidores toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigios.
Medida europea

Esta propuesta del llamado "cliente vulnerable" nace en el seno de la Unión Europea y servirá para emular a otras medidas similares aplicadas al sector en Reino Unido o, más recientemente, en Italia.

El borrador de la directiva de hidrocarburos contempla que los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los "clientes vulnerables" que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de dichos clientes en periodos críticos.

De esta manera, el Gobierno puedo llegar a prohibir a las energéticas a cortar el suministro a estos consumidores, aunque exista una condición de impago que ampare estas iniciativas por parte de las gasistas. Asimismo, la directiva regula la obligatoriedad para que cada país dé protección a los clientes finales de zonas apartadas que estén conectados a la red de gas, de tal forma que se incentive la repoblación de núcleos rurales.
¿Quién carga con los costes?

Una de las preguntas que se abre ahora es quién asumirá este coste. Si en la electricidad la financiación está compartida por doce empresas, aunque la mayor carga corresponde a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y HC Energía, queda por ver de qué forma distribuiría Industria su coste entre las empresas del gas.

De aplicarse el modelo de la electricidad, el bono social del gas deberían costearlo las principales empresas de estos sectores, entre las que figuran Gas Natural, Repsol, Iberdrola, Endesa, HC Energía.

El borrador de la trasposición de directiva señala que la tarifa de último recurso será el precio máximo y mínimo que podrán cobrar los comercializadores de último recurso a los consumidores que tengan derecho a acogerse a ella. Según consta en el borrador de la trasposición de la directiva de gas, se pondrá en marcha también un suministro de último recurso en el sector del gas natural.

Esta decisión significa que el ministro establecerá una serie de condiciones específicas de suministro ante situaciones de escasez para determinados clientes entre los que se encontrarán, en todo caso, los consumidores domésticos y los que presten servicios esenciales.
Caso eléctrico

El concepto de "cliente vulnerable" también aparece recogido en el anteproyecto para trasponer la directiva eléctrica y supone un refuerzo del bono social actual. En este sector, esta iniciativa está extendida desde mediados de 2009, justo en el momento que aprobó el fin de las tarifas reguladas. Este mecanismo recogía la congelación de la luz hasta 2013 para las familias numerosas o con todos sus miembros en paro, así como para las personas con pensiones mínimas y usuarios de menos de 3 kilovatios de potencia.

Según la regulación que prepara el Gobierno, los consumidores tendrán derecho de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de gas natural en las condiciones que reglamentariamente determine el Gobierno previa consulta a las Comunidades Autónomas.

En este sentido, los consumidores que se determinen tendrán derecho a acogerse al suministro a unos precios que serán fijados y revisados por el ministro de Industria, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno.