Perseguir el fraude en las viviendas de protección, castigarlo y garantizar el acceso a los inmuebles protegidos de los ciudadanos que realmente los necesitan para vivir. Esos son los objetivos del Plan de Inspección 2010-2011 puesto en marcha por el Gobierno de La Rioja al amparo de la Ley de Vivienda autonómica que, por primera vez, otorga capacidad jurídica a la administración regional para sancionar todas las actuaciones contrarias a la normativa.
En total, y según datos facilitados por la directora general de Vivienda, Marian Ortigosa, en el primer semestre se iniciaron 64 expedientes por posible desocupación de viviendas y se enviaron siete propuestas de resolución, pero «no se ha impuesto ninguna sanción porque todavía se está en fase de comprobación de los datos». De hecho, las primeras multas no se empezarán a notificar hasta «marzo o abril del 2011», ya que el plazo para tramitar el procedimiento sancionador es de un año.
La desocupación de una VPO sin causa justificada está considerada como una infracción muy grave por la Ley de Vivienda. Ahora bien, los baremos de las multas oscilan en función del perjuicio económico y social generado. Así, la sanción mínima por desocupación de una VPO o por tenerla ilegalmente alquilada asciende a 30.000 euros. Mientras la máxima, de 300.000 euros, pena los casos con agravantes como reincidencia, perjuicios a terceros o, en el caso de los promotores, especulación salvaje de suelo.
Con anterioridad a la legislación autonómica, que entró en vigor en septiembre del 2007, el Gobierno regional tenía competencia para inspeccionar y sancionar, pero lo hacía con arreglo a una normativa estatal anterior a 1978. Desde el Gobierno de La Rioja se explica que esta regulación se «había quedado desfasada y anticuada, resultaba técnicamente difícil de aplicar en la actualidad» y, además, era «dispersa e insuficiente para atender las actuaciones de control tal como las entendemos ahora y la sociedad nos demanda».
Los consumos de electricidad en el último año (679 actuaciones durante el primer semestre) han servido de indicio inicial para investigar el nivel de ocupación de las viviendas y tramitar los expedientes. Ortigosa explica que estas peticiones se han realizado en Logroño (El Cubo, centro, La Cava, El Arco, Valdegastea y El Campillo), Arnedo, Calahorra, Haro, Nájera y Santo Domingo.
Promociones enteras
Las solicitudes de consumos «siempre se realizan por promociones enteras, nunca de manera aislada a determinados propietarios», aun cuando la denuncia presentada por un particular o la comunicación no firmada (no es una denuncia como tal, pero sirve para poner en alerta al Servicio de Vivienda) se refiera a un piso concreto. En este sentido, sólo en tres ocasiones se ha actuado con denuncia firmada: en Navarrete y en dos promociones de El Arco, en Logroño. Así, la mayoría de los casos responden a comprobaciones realizadas de forma aleatoria por los funcionarios.
En aquellos inmuebles en los que los consumos han sido prácticamente nulos o inexistentes en el último año se ha abierto un expediente sancionador (64 hasta junio) y se ha posibilitado a los interesados alegar y aportar documentación. También la administración está solicitando datos complementarios.
A partir de octubre arrancará la segunda fase de la campaña, con visitas presenciales a los domicilios. En este proceso, los inspectores hablarán con los vecinos y con los administradores de fincas. Además, contrastarán datos con los ayuntamientos para posibles consumos de agua, «aunque eso es más difícil porque no en todas las promociones los consumos de agua están individualizados por vivienda», precisa Ortigosa. También se tendrán en cuenta los consumos de gas.
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