Las organizaciones de autónomos alertan de que el recibo se ha encarecido el 50% en los últimos seis años
Los consumidores y los autónomos están indignados con el Gobierno. Las principales organizaciones de ambos sectores denunciaron ayer la subida del recibo de la luz anunciada por el Ejecutivo, que comportará un alza media del 4,8% a partir del próximo 1 de octubre. De injusta, discriminatoria, desproporcionada, inoportuna y hasta de «sablazo» calificaron estas asociaciones el encarecimiento, que afecta a millones de hogares.
El Partido Popular, que negocia desde hace meses un gran pacto de la energía con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ve ahora más lejos esa posibilidad. El responsable de economía del partido, Cristóbal Montoro, declaró a RNE que «tal y como están las cosas» su formación no ve «posible» el acuerdo. Mientras, las eléctricas insisten en que el déficit de tarifa (la diferencia entre el coste de producción y los ingresos por la venta) sigue creciendo, por lo que reclaman subidas aún mayores a la anunciada.
Para la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la subida del 4,8% es «intolerable». «Si sumamos a este nuevo incremento el 2,6% de enero y el alza del IVA (del 16% al 18%) nos encontramos con una subida total de ese bien básico superior al 10% en lo que va de año», explicaron fuentes de la organización, que recordaron que en el segundo trimestre del año -según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- los salarios crecieron un 0,4%. Eso, añadió, hace que la subida de la luz multiplique por 25 la de los sueldos medios y por más de seis la inflación en ese mismo periodo (1,6%).
CECU recuerda que el alza supondrá un desembolso adicional de hasta 800 millones de euros «que los ciudadanos no podrán invertir en otros sectores», con lo que se retrasará la recuperación económica y el consumo. Así, la organización reclama la ampliación del bono social (la congelación de la tarifa, disponible para consumidores con una potencia instalada inferior a 3 kilowatios en su vivienda, los pensionistas que perciben cuantías mínimas, las familias numerosas y las que tengan a todos sus miembros en paro).
La Unión de Consumidores de España (UCE) y la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI) criticaron que «dentro de las partidas normales de gasto de las familias, la de la electricidad es la que más ha subido». «No tiene justificación», añadieron. Facua-Consumidores en Acción afirmó que Industria y el Gobierno «se pliegan» a los intereses de las eléctricas «a costa de lesionar los derechos de los consumidores». Facua denunció también la «opacidad informativa» del departamento de Miguel Sebastián.
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) fue más lejos y aseguró que la Tarifa de Último Recurso (TUR) -que soportan 26 millones de hogares- ha subido el 50% en los últimos seis años. Al tiempo, criticó la confusión reinante en un mercado en el que el consumidor no tiene nunca claro cómo son realmente las ofertas.
La CEACCU aseguró que la anunciada subida de la luz «ha disparado las alarmas entre los consumidores», que no tienen nada clara la conveniencia de pasar de la TUR al mercado libre. Un paso que, asegura, no ofrece ningún margen de ahorro, ya que la ventaja económica solo ha sido de 15 euros al año en los últimos seis ejercicios. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) habló de «sablazo» y apuntó que la subida del recibo es «una nueva losa para familias y emprendedores, que afectará directamente al consumo en un momento en el que los hogares atraviesan una situación límite».
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