El Gobierno vasco lanza una nueva fórmula para la vivienda en alquiler.

El Gobierno vasco ha puesto en marcha una nueva fórmula pública-privada por la que ha aprobado la construcción de 4.000 viviendas a través de inversores privados. Éstas serán cedidas después al Ejecutivo autonómico para su alquiler social. El Gobierno regional destinará 430 millones de euros para formalizar este contrato por el que accederá a las viviendas en arrendamiento. El plazo mínimo es de 20 años y, tras este período, los inversores podrán recuperar las residencias y venderlas bajo la condición de VPO. Además, deberán ofrecer a los inquilinos la oportunidad de comprarlas. La finalidad es impulsar el alquiler y sanear las sociedades públicas, Visesa y Alokabide.

Esta iniciativa viene a paliar los resultados de un sondeo realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que sitúa la reducción del precio de la vivienda como la principal prioridad para los guipuzcoanos, que son incapaces de comprar. En este sentido, políticas encaminadas a regular los precios y reducir las desigualdades sociales, han pasado a ser una necesidad entre los donostiarras, donde los precios de la vivienda alcanzan cifras injustificables.

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