Un alquiler manipulado

Un contrato de alquiler es una pieza más del puzzle burocrático que deben solucionar los inmigrantes para regularizar su situación en España. Con ese papel pueden empadronarse para acreditar su residencia. Y muchos de ellos caen en las redes de estafadores que les venden contratos falsos. El último caso conocido ha ocurrido en Jaén, ahí la Policía Nacional ha detenidos a dos personas acusadas de este delito y también hay otros dos imputados. Las víctimas llegaron a pagar hasta 250 euros por el papel.

Según los investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Jaén, los dos detenidos y los dos imputados utilizaban sus propios domicilios en los falsos contratos de alquiler. “El único fin que tenían era lucrarse”, explica la Comisaría en un comunicado publicado por Diario Jaén. Se les imputan delitos de falsedad documental y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros.

Cuando ni la dueña sabe que está alquilando

No hace mucho, en San Fulgencio, Alicante, ocurrió algo similar. La Guardia Civil detuvo a dos mujeres y un hombre por captar a inmigrantes procedentes de Marruecos a los que ofrecían la posibilidad de empadronarse mediante contratos de alquiler en viviendas, sin el permiso de los propietarios de los pisos. Los arrestados presuntamente recibían entre 1.000 y 5.000 euros por cada contrato gestionado para conseguir el empadronamiento y la posterior reagrupación familiar.

La investigación se inició el pasado julio cuando los dueños de una vivienda de San Fulgencio fueron alertados por una inspección rutinaria de la policía local para comprobar la veracidad de residencia de los ciudadanos extranjeros empadronados recientemente en el ayuntamiento. Pese a que los agentes habían recibido una copia del contrato de alquiler suscrito supuestamente por los propietarios y los inquilinos, los primeros aseguraron no tener conocimiento tal documento y desconocer a las personas empadronadas en su domicilio. Se descubrió que, valiéndose de su amistad y confianza en ella de los dueños, un matrimonio de avanzada edad, la empleada de hogar les hizo firmar un contrato a falta del nombre de los inquilinos, por si se presentaba la oportunidad de alquilar la vivienda durante períodos en que ellos no la ocupaban. Una vez conseguida mediante este engaño la firma del contrato por los titulares de la casa, a través de la hija de la empleada de hogar y del otro detenido se captaban inmigrantes procedentes de Marruecos en situación irregular.

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