Legalizada contra su voluntad en su propia casa por la Administración local cuando meses antes ya habían comunicado a la operadora que no estaban interesados en prorrogar el acuerdo. La comunidad de propietarios de Chile 13 aún no da crédito a lo sucedido; eso sí, ya prepara la demanda para ir a los tribunales. El Ayuntamiento de Logroño ha concedido licencia conjunta ambiental y de obras para legalizar una estación base de telefonía móvil que, tras 15 años instalada en la azotea del citado inmueble, los vecinos ya habían decidido por unanimidad no renovar el contrato con Vodafone, quien a su vez tenía alquilada la instalación a Telefónica Móviles.
«¿Cómo un ayuntamiento puede conceder una licencia que avala a una operadora de telefonía para mantener una antena instalada en una propiedad privada que, además, ya ha dicho que no la quiere y así lo ha comunicado en forma y plazo?», se pregunta Daniel Anés, vicepresidente de la comunidad, que a día de hoy integra a un total de 18 familias.
Desde la Administración local se insiste en que poco se puede hacer después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJR anulase el artículo 17.4 de la nueva ordenanza relativo a la introducción de la conformidad de la propiedad como requisito previo para la concesión de licencia. «No se les puede pedir más exigencias que para cualquier otro tipo de licencia urbanística, siempre y cuando quede a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros», explica el concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo, pese a reconocer que, en este caso, como la antena ya estaba instalada, los vecinos no tienen más remedio que acudir a los tribunales, eso sí, con la razón de su lado.
15 años «y no más»
La antena en cuestión, instalada en 1996 por Airtel (ahora Vodafone) tras alcanzar un acuerdo con la comunidad por cinco años prorrogables por sucesivos períodos de otros cinco a razón de 500.000 pesetas anuales de las de entonces, debería haber quedado inhabilitada el pasado 13 de mayo, fecha de extinción del contrato, después de que los vecinos hubiesen desechado la oferta de renovación propuesta por la compañía.
Y es que ya en noviembre del pasado año Vodafone se mostraba interesada en poder continuar con dicho arrendamiento por el que estaba dispuesto, según los documentos a los que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, a aumentar la renta anual hasta en un 15 o 20%. Ofrecimiento desestimado por la citada comunidad independientemente de lo que incrementasen la cuantía.
«La decisión no es cuestión de dinero», explica Anés a la vez que señala otros factores de mayor peso, ya que se da la circunstancia de que durante los años que ha estado en funcionamiento la antena ha generado no pocas molestias por ruidos y vibraciones en el bloque. «De hecho, y ante los continuos problemas debidos al sistema de ventilación de la estación sin que llegasen a ser subsanados por parte de la empresa, se intentó dejar sin efecto el contrato para que cesara su actividad sin conseguirlo», añade el vicepresidente.
Ahora, justo cuando habían requerido a la operadora para su retirada una vez vencido el contrato y parecían cerca de su objetivo, resulta que el Ayuntamiento de Logroño, a fecha de 22 de julio del 2011, concedía licencia a Telefónica Móviles para seguir sirviéndose de la antena ante la incredulidad de los vecinos. «¿A favor de quién está el Ayuntamiento», lamentan.
La comunidad lo tiene claro: «Ninguna empresa tiene derecho alguno a utilizar elementos comunes del edificio y carece de toda virtualidad cualquier licencia que pueda conceder el Ayuntamiento para instalar una antena».
http://www.larioja.com/v/20111021/rioja-logrono/antena-licencia-pero-permiso-20111021.html
La Ley de Propiedad Horizontal establece la obligación de todos los propietarios de contribuir, de acuerdo a la cuota de participación, con los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades. Su artículo 17 impone la unanimidad para garantizar la validez de los acuerdos que impliquen la aprobación o modificación de las reglas que conforman la propiedad horizontal o los estatutos de la comunidad. De manera que si se parte de que el régimen legal de distribución de gastos se fija por coeficientes de participación, para que la Junta establezca otro régimen, por ejemplo a partes iguales, se requiere consenso unánime. Así que celebrada la segunda junta en la que por unanimidad, al menos de los asistentes, hayan manifestado su acuerdo al reparto de gastos a partes iguales, la presidenta y el administrador lo constatarían en el acta, aunque conste la ausencia de dos propietarios a quienes han de notificar el acta. 
Antes y después de la Ley del Ruido, los tribunales siempre han tutelado a los ciudadanos frente a las emisiones sonoras y han ordenado el cese de actividades, el precinto de locales, la adopción de medidas correctoras y la indemnización por daños y perjuicios sufridos. El concepto que incluso acuña la jurisprudencia reciente es el de "derecho a ser dejado en paz". Además, en el domicilio, inviolable desde una perspectiva constitucional, las exposiciones prolongadas a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, merecen protección hacia la intimidad personal y familiar en la medida en que "dificulten el libre desarrollo de la personalidad". 
Sí. La Ley de Propiedad horizontal prohíbe, tanto a propietarios como a inquilinos, desarrollar en su piso o local actividades que resulten dañinas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Los pasos a dar son los siguientes:
