- Respaldados por la ley, podrían expropiar suelos tasándolos a precio de rural.
- Los grandes municipios suelen delimitar los plazos de edificación de los suelos.
Como explica el rotativo económico, ahora que la actividad inmobiliaria deja casi 15.000 millones de euros al año menos en las arcas municipales que en la época del boom, los ediles están rastreando las transmisiones de suelos para localizar los que han pasado a manos de las entidades financieras por daciones en pago o ejecuciones hipotecarias.
La ley ampara a las instituciones que, una vez que constatan que el nuevo dueño es una entidad de crédito, se le conmina a promover ese suelo, ya que si no lo hace podrá ser expropiado con una tasación a precio rural (unas 10 veces más barato, aunque depende de la zona), con la Ley de Suelo en la mano. Ello conllevaría una fuerte pérdida en el balance de la entidad, que estaría entre la espada y la pared.
Los expertos opinan que el objetivo de los alcaldes no es expropiar, sino forzar a la banca a construir con el fin de seguir contando con jugosos ingresos procedentes del sector.
Otros consistorios ya han forzado a la banca a mover ficha, como el de Manilva (Málaga), que ha conminado a Unicaja a edificar unos suelos.
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