La cascada de denuncias realizadas por miles de estadounidenses que han perdido sus casas por procesos irregulares de ejecución de hipotecas cobra una dimensión nacional después que las autoridades judiciales de 49 Estados abrieran una investigación conjunta para verificar si las principales entidades crediticias han cometido un fraude masivo. El eje de la investigación se centra en examinar si los empleados de estos bancos falsificaron documentos o los cumplimentaron de manera inadecuada, lo que luego condujo a cientos de miles de desahucios que no se ajustan a la legalidad.
Con estos antecedentes, un porcentaje importante de las expulsiones ha recaído en propietarios que no tenían hipotecada su casa de manera legal. También se han ejecutado embargos por entidades que no habían concedido la hipoteca correspondiente e incluso se ha desposeído de sus propiedades a personas que estaban al día en sus pagos.
Ante el escándalo, el secretario de Justicia de EE UU, grupos de consumidores y algunos legisladores han presionado a las firmas de hipotecas para que imiten a Bank of America, la mayor entidad implicada y la primera en parar todas sus ejecuciones para revisar los procedimientos empleados. Posteriormente, JP Morgan Chase y Ally Financial han congelado las confiscaciones y desalojos en 23 estados.
Consciente de los perniciosos efectos que este problema podría tener en el débil mercado inmobiliario, la Casa Blanca ha rechazado una moratoria nacional de los embargos al tiempo que asegura estar trabajando para agilizar una solución al problema.
Mientras tanto, las cuentas de resultados de los grandes bancos siguen progresando a un ritmo superior que el conjunto de la economía. JP Morgan ha vuelto a sorprender con un incremento de beneficios de un 23% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2009, con 4.400 millones de dólares.
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