Los propietarios del número 25 de Gran Vía, el edificio derribado tras la explosión de gas que el pasado 22 de mayo costó la vida a cuatro personas, deberán abonar en diciembre 120.000 euros al Ayuntamiento de Logroño.
La Junta de Gobierno Local acordó en su reunión del pasado viernes, fraccionar en dos plazos el pago de las liquidaciones. «El primer plazo se corresponderá con la entrega inicial de 120.000 euros que deberá satisfacerse antes de la finalización del nuevo fin de plazo para cada una de las liquidaciones provisionales», reza el acuerdo fechado el 18 de noviembre. Algunos propietarios deberán abonar su cantidad correspondiente antes del 7 de diciembre y otros, antes del 21. Respecto al segundo vencimiento, 460.000 euros, la decisión de la Junta de Gobierno explica que «queda aplazado hasta la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que apruebe o deniegue la suspensión de cobro instada».
Los propietarios han presentado una demanda judicial para oponerse «al pago de esa cuantía tan elevada», en referencia a los 580.000 euros que les pide el Ayuntamiento, cantidad de la que se niega a hacerse cargo la aseguradora de la comunidad, que sólo asume el pago de un derribo convencional que tasa en 129.000 euros. Silvia Mayoral, portavoz de los afectados, explicó que «nosotros jamás hemos dicho que la demolición no haya costado 580.000 euros, fue un derribo con cucharita de té por la investigación judicial y policial, lo que no nos parece justo es que tengamos que afrontarlo los vecinos, que no tenemos ningún problema en pagar esos 120.000 euros».
Desde el Ayuntamiento, que el 20 de septiembre ya suspendió por dos meses el procedimiento de cobro, el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Vicente Urquía, recordó que «no somos la otra parte, estamos a favor de los vecinos, nuestra voluntad siempre ha sido apoyarles y flexibilizar nuestras posturas. Cada cosa que nos han pedido, hemos accedido porque sabemos lo que están pasando». «Desde este Ayuntamiento haremos siempre lo posible por flexibilizar todo, pero nuestra obligación legal es pasar el gasto del derribo a los propietarios», destacó. «Siempre hemos defendido que las aseguradoras deben hacerse cargo de ese pago y ahí los vecinos también tendrán siempre nuestro apoyo, vamos a hacer frente común porque yo creo que estamos en el mismo barco», zanjó.
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