Los perversos efectos que las 'vacaciones fiscales' vascas tuvieron sobre La Rioja en los años noventa siguen coleando más de quince años después. Ahora, tras la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por no haber recuperado todas las ayudas fiscales que se concedieron a las empresas vascas al amparo de la laxitud fiscal de las diputaciones forales, La Rioja corre el riesgo de tener que contribuir al pago de la millonaria sanción que la Justicia europea podría imponer al Estado español.
La multa en cuestión que Bruselas ha solicitado al Tribunal asciende al menos a 40 millones de euros, a razón de 25.817,40 euros por cada día transcurrido desde el 14 de diciembre del 2006, cuando la instancia judicial emplazó al Estado español a recuperar las ayudas fiscales ilegales otorgadas por las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
El pronunciamiento instando al reintegro de las subvenciones se produjo después de que el Ejecutivo comunitario detectará en el 2001 que esos regímenes fiscales eran contrarios a la legislación europea de la competencia, tal y como venía denunciando reiteradamente el Gobierno de La Rioja ante instancias españolas y de la Unión Europea. Los beneficios impositivos -derogados en la actualidad- consistían en créditos fiscales del 45% para las empresas que acometieran inversiones superiores a 15 millones de euros y exenciones tributarias temporales para reducir de manera sustancial el impuesto de sociedades a las compañías de nueva creación durante los cuatro primeros años que tuvieran beneficios.
Ahora, a falta de un mecanismo legal por el que el Gobierno español -único interlocutor para España reconocido por Bruselas- pueda exigir a las diputaciones vascas que abonen el importe de las sanciones impuestas, La Rioja podría verse en la paradójica situación de tener que contribuir con su parte alicuota al abono de esas cantidades. A 'grosso modo', y tomando como referencia que la aportación riojana al PIB español ronda el 0,8%, la cifra ascendería a 320.000 euros o, lo que es lo mismo, casi un euro por cada riojano.
Cuanto antes, menos dinero
El panorama aún podría empeorar más si el Ejecutivo español sigue sin reclamar a las diputaciones vascas que recuperen la totalidad de las ayudas concedidas. De ser así, España se expone a que dentro de dos años un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo le imponga otra multa que ascendería en este caso a 236.044 euros por cada día hasta que acabe la infracción.
La portavoz de la Dirección General de la Competencia de la Comisión, Amelia Torres, fue clara ayer al explicar las razones que han llevado al organismo comunitario a trasladar el asunto al Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo. En declaraciones recogidas por Europa Press, afirmó que «teniendo en cuenta que, aunque han pasado nueve años, la decisión del 2001 todavía no se ha respetado pese a los esfuerzos de la Comisión, el Ejecutivo comunitario se ha visto obligado a pasar a la última etapa, el recurso ante el Tribunal de Justicia, porque España todavía no ha completado el procedimiento de recuperación de las ayudas en cuestión». El objetivo del procedimiento, añadió la portavoz, «no es imponer las multas sino obtener una recuperación rápida de las ayudas ilegales logradas por los beneficiarios. Cuanto antes se produzca esa recuperación, menos habrá que pagar».
Aunque el importe de las deducciones fiscales sin devolver a las autoridades vascas no ha trascendido oficialmente, los datos publicados por la prensa vasca este mismo mes de noviembre sitúan la cantidad en 750 millones de euros que deberían reintegrar varias empresas acogidas a las 'vacaciones fiscales' de mediados de los años noventa. La deuda total ascendía inicialmente a unos 1.800 millones, por lo que se habrían satisfecho ya casi dos terceras partes de las ayudas reclamadas.
Múltiples reacciones
Tras conocer la decisión comunitaria de recurrir a la Corte de Justicia Europea para que inicie el procedimiento sancionador contra España, el Gobierno riojano expresó «su satisfacción» y dijo lamentar «que la negligencia del Ejecutivo español vaya a costar dinero a todos los españoles». Recordó, asimismo, que la actuación de la Comisión «supone el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se dictó a raíz de una denuncia del presidente riojano».
También se pronunciaron ayer sobre el asunto la Cámara de Comercio y UGT, que han venido respaldando a la administración riojana en su larga batalla contra las 'vacaciones fiscales'. La entidad cameral emitió un comunicado de prensa para señalar que, si bien «no le agradan las multas para España» por cuanto su importe «saldría también de las arcas de las empresas riojanas», perjudicadas anteriormente por los beneficios fiscales, por otro lado demanda «el respeto a la libre competencia en igualdad de condiciones».
Las autoridades vascas tampoco tardaron en reaccionar. El 'lehendakari', Patxi López, subrayó la necesidad de que el Gobierno vasco, las diputaciones y el Ejecutivo español trabajen «conjuntamente» para evitar que la eventual sanción europea pueda significar el cierre de empresas en el País Vasco.
Por su parte, las tres diputaciones forales (en manos del PNV) y verdaderas desencadenantes del dilatado proceso judicial que ha culminado en la propuesta de sanciones, argumentaron ayer que han recuperado las ayudas fiscales otorgadas, una tesis que para nada encaja con el punto de vista de la Comisión. La Diputación de Álava recordó también que tienen recurrida la ilegalidad de las 'vacaciones fiscales' decretada por Luxemburgo.
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