Las puertas del cuartel de Murrieta se volvieron a abrir ayer tras muchos años de cerrojazo. En este tiempo, mientras extramuros se gastaban litros de tinta y saliva en especulaciones de futuro para el solar, las instalaciones han permanecido casi igual que a comienzos del nuevo siglo, cuando la Guardia Civil dejó definitivamente el acuartelamiento.
El delegado del Gobierno, José Antonio Ulecia, mostró el estado de los terrenos del cuartel antes de que fuesen visitados por los equipos de arquitectos seleccionados por el Ministerio de Hacienda para construir el Palacio de Justicia de Logroño.
Será a causa de los altos muros, de las garitas de vigilancia desvencijadas o del recuerdo de la autoridad que emanaba desde el cuartel, pero en este tiempo Murrieta no ha sufrido más daños que los producidos por la naturaleza salvaje y el abandono. La actual fisonomía, plena de pabellones, galerías de hierro forjado y naves sin uso, quedará para el olvido. Sólo el edificio principal, con fachada a la calle Murrieta, se mantendrá y aportará 3.000 metros cuadrados para el Palacio de Justicia. El resto, 27.000 metros, se distribuirá por el resto del terreno.
Pero hasta que entren las piquetas, el cuartel seguirá siendo una estampa del olvido. Los barracones sin mobiliario, la capilla desacralizada o el patio de armas, mordido por las zarzas y las hojas, dan cobijo a gorriones y estorninos. Sólo las visitas de agentes policiales, para realizar prácticas de tiro y de asalto, renuevan la vida del lugar.
Pese a lo mortecino de su estampa, esos miles de metros cuadrados en el corazón de la zona oeste de la capital, continúan calentando la actividad política regional.
El delegado de Gobierno recordó ayer, dentro del cuartel, que el actual proyecto está dirigido por el Ministerio de Hacienda. Él ha convocado el concurso que podría ser aceptado por el Gobierno regional, cuando reciba las transferencias, o rechazado. Ulecia apostó por la primera opción. «Todos debemos hacer un esfuerzo para que sea un proyecto de utilidad y compartido», explicó.
En el caso de que no respetar la decisión ministerial, el delegado manifestó que se tendrían que cumplir los compromisos, que suponen más de un millón de euros que se gastaría en un proyecto sin futuro.
Respecto al calendario, Ulecia incidió en que las obras no podrán dar comienzo hasta el 2012. «En enero los ocho equipos deben presentar sus ideas. En febrero o marzo, se adjudicará y luego habrá tres meses para redactar el proyecto básico. A esto se añaden otros siete meses para un proyecto de ejecución. Así que en el mejor de los casos las obras comenzarían a finales del 2011, aunque luego hay que licitarlo y aprobarlo, por lo que no contemplo que se inicien antes del 2012», vaticinó.
«No vamos a tirar el dinero»
Horas después de la visita y de las declaraciones de Ulecia, el presidente regional, Pedro Sanz, hizo hincapié en una idea totémica: «Quien asume la competencia tiene la responsabilidad. No vamos a tirar el dinero pero sí que intentaremos hacer nuestro proyecto. Si el que ha hecho el Ministerio coincide con el nuestro entonces encantados. Si no, lo adaptaremos», aseguró. «Nadie puede obligarnos y decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Nuestro proyecto beneficiará a la ciudad, a los vecinos y hará que nos sintamos orgullosos», dijo Sanz.
Para acercar posturas y evitar fricciones, ayer el consejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar, presentó las necesidades del Gobierno regional a los arquitectos seleccionados. A partir de ahí, las esperanzas de Sanz -según admite- se cifran en que las obras del Palacio de Justicia comiencen en el 2011, antes de lo que prevé Ulecia.
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