¿Qué hacer si ‘okupan’ mi vivienda?, 2

El acceso a la vivienda cada está más complicado por la crisis. No obstante, la demanda de pisos no ha mermado debido a la recesión inmobiliaria y los principales compradores siguen necesitando un piso en el que vivir.

Tener una vivienda digna es uno de los bienes de primera necesidad para todos los ciudadanos. No obstante, en este contexto actual de crisis inmobiliaria y financiera cada vez resulta más difícil acceder a una. Datos oficiales demuestran cifras desalentadoras: la formalización de viviendas hipotecadas ha caído más de un 40% de un año a otro, tal y como demuestran los datos del último mes de junio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), así como la compraventa de viviendas ha descendido casi un 23% durante el mismo periodo.

Paradójicamente, estas últimas cifras no corresponden con los altos niveles de demandantes en España que están interesados en comprar una vivienda y no tienen la capacidad adquisitiva suficiente, debido a las dificultades que existen actualmente para obtener un crédito y la aguda precariedad laboral. Por otra parte, el acentuado stock de pisos vacíos sin vender que existe actualmente en el mercado, de aproximadamente un millón de inmuebles, aparte de lastrar el flujo de compraventa del sector inmobiliario, dificulta la recuperación de este mercado.

Contra la especulación urbanística o por necesidad

La solución para dar una salida a estos inmuebles es en muchos casos adaptar poco a poco el precio de las viviendas a la capacidad adquisitiva de los demandantes o facilitar la concesión de préstamos hipotecarios. Sin embargo, éste es un proceso lento y difícil. Por eso, muchas personas que han sido desahuciadas (casi 300.000 embargos hipotecarios de 2007 a 2010) u otros grupos de jóvenes o individuos que no tienen capacidad de emanciparse, en algunos casos, ocupan ilegalmente casas deshabitadas. “Es distinta la ocupación temporal de inmuebles por grupos de jóvenes ‘nómadas’, pues tienen un perfil ideológico y social distinto al de familias que ocupan viviendas por necesidad”, explica Juan Alberto Pérez Senso, socio director de Pérez-Álvarez Abogados.

El movimiento ‘okupa’ en su origen fue un corriente social que alcanzó su auge en España a mediados de los 60 y 70. Esta tendencia surgió con el principal objetivo de ocupar edificios o viviendas abandonadas temporal o permanentemente con el objetivo de reutilizarlos como vivienda o con otros fines sociales o culturales. Asimismo, muchos de estos movimientos justifican estas acciones con el fin de acabar con la especulación urbanística y reivindicar el derecho a una vivienda digna en contraposición con las dificultades socioeconómicas del sistema.

Perjuicios al propietario

No obstante, en muchas ocasiones, la ocupación ilegal de los inmuebles no siempre se produce por estos movimientos reivindicativos, sino por familias necesitadas o por personas indigentes. “Considero que son cuestiones distintas y que detrás del movimiento de ocupación de viviendas hay un auténtico problema social que no tiene nada que ver con la especulación urbanística”, afirma Pérez Senso. “En muchos casos, es un padre de familia sin recursos el que necesita un techo para sus hijos y se encuentra en un estado de necesidad, pero no considero que tengan que ser los particulares los que tengan que sufrir dichas consecuencias”, agrega.

La otra cara de la moneda, es el propietario particular de la vivienda. Si en algún momento, invirtió todos sus ahorros en comprar una casa para utilizarla como residencia habitual, como segunda vivienda, para alquilarla o volverla a vender, ésta es una forma de ver violada su propiedad privada y perder su dinero. Precisamente, es en esta cuestión donde los mecanismos de las Administraciones deben garantizar el estado de bienestar y no dejar al ciudadano que afronte solo las desigualdades del sistema.

Lo primero que ha de hacer un particular en el caso de que vea ocupada su vivienda es recurrir a los tribunales. El procedimiento que se aplicará por parte de los poderes judiciales es el mismo que el desalojo de los morosos que no pagan el alquiler. No obstante, estos procesos pueden llegar a prolongarse durante un año y en pocas ocasiones se obtiene una indemnización por los daños sufridos en el inmueble. “No se suele buscar un resarcimiento económico pues entre otras cosas los propietarios son conscientes de que los inquilinos no tienen recursos económicos” comenta el abogado. No obstante, podría denunciarse esta conducta también por la vía penal y “podrían establecerse penas de privación de libertad si en el proceso de ocupación se realiza algún tipo de violencia sobre las personas, como por ejemplo, al propietario”, asegura Pérez Senso.

El Estado debe ayudar al particular

Así como a finales del pasado año, entró en vigor una nueva ley para agilizar los procesos de desahucio -la ley de ‘desahucio exprés’-, para que no se extendieran a más de 15 días, quizás la solución a este problema también penda de la misma cuestión. “La Ley española define un concepto de derecho de propiedad amplio y lo protege”, afirma el socio director de Pérez-Álvarez Abogados, no obstante, añade que se debería aplicar una distinción normativa diferente a los casos de morosidad en los alquileres que en los de ocupación de inmuebles, “pues son situaciones muy distintos”.

El desalojo de los intrusos en la vivienda no soluciona este problema social. En la mayoría de los casos, se expulsa a estas personas de la vivienda y éstas, al no ver salida a su problema, marchan en busca de otras viviendas vacías que ocupar. Por eso, el problema no reside en violar la propiedad privada de una persona que ha estado comprando y manteniendo una vivienda con su propio esfuerzo económico, sino en que el Gobierno ponga en marcha los mecanismos pertinentes para dar cobijo y garantizar una vivienda a todos los ciudadanos de forma efectiva.

La pelota está en el tejado del Gobierno, puesto que ni los propietarios se merecen ver desprotegido su derecho a la propiedad ni muchas personas y familias afectadas por la crisis vivir en la indigencia. Ahora es el momento de aplicar políticas efectivas para acceder a la vivienda de una forma eficaz y dirigirlas a las personas que realmente lo necesiten.

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